sábado, 22 de septiembre de 2012

Según la Iglesia Católica

La familia es una comunidad de personas, la célula social más pequeña y, como tal, es una institución fundamental para la vida de toda sociedad.

La familia como institución espera de la sociedad ante todo que sea reconocida en su identidad y aceptada en su naturaleza de sujeto social. Ésta va unida a la identidad propia del matrimonio y de la familia. El matrimonio, que es la base de la institución familiar, está formado por la alianza «por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole»40. Sólo una unión así puede ser reconocida y confirmada como «matrimonio» en la sociedad. En cambio, no lo pueden ser las otras uniones interpersonales que no responden a las condiciones recordadas antes, a pesar de que hoy día se difunden, precisamente sobre este punto, corrientes bastante peligrosas para el futuro de la familia y de la misma sociedad.

¡Ninguna sociedad humana puede correr el riesgo del permisivismo en cuestiones de fondo relacionadas con la esencia del matrimonio y de la familia! Semejante permisivismo moral llega a perjudicar las auténticas exigencias de paz y de comunión entre los hombres. Así se comprende por qué la Iglesia defiende con energía la identidad de la familia y exhorta a las instituciones competentes, especialmente a los responsables de la política, así como a las organizaciones internacionales, a no caer en la tentación de una aparente y falsa modernidad.

La familia, como comunidad de amor y de vida, es una realidad social sólidamente arraigada y, a su manera, una sociedad soberana, aunque condicionada en varios aspectos. La afirmación de la soberanía de la institución-familia y la constatación de sus múltiples condicionamientos inducen a hablar de los derechos de la familia. A este respecto, la Santa Sede publicó en el año 1983 la Carta de los derechos de la familia, que conserva aún hoy toda su actualidad.

Los derechos de la familia están íntimamente relacionados con los derechos del hombre. En efecto, si la familia es comunión de personas, su autorrealización depende en medida significativa de la justa aplicación de los derechos de las personas que la componen. Algunos de estos derechos atañen directamente a la familia, como el derecho de los padres a la procreación responsable y a la educación de la prole; en cambio, otros derechos atañen al núcleo familiar sólo indirectamente. Entre éstos, tienen singular importancia el derecho a la propiedad, especialmente la llamada propiedad familiar, y el derecho al trabajo.

Sin embargo, los derechos de la familia no son simplemente la suma matemática de los derechos de la persona, siendo la familia algo más que la suma de sus miembros considerados singularmente. La familia es comunidad de padres e hijos; a veces, comunidad de diversas generaciones. Por esto, su subjetividad, que se construye sobre la base del designio de Dios, fundamenta y exige derechos propios y específicos. La Carta de los derechos de la familia, partiendo de los mencionados principios morales, consolida la existencia de la institución familiar en el orden social y jurídico de la «gran» sociedad: la nación, el Estado y las comunidades internacionales. Cada una de estas «grandes» sociedades debe tener en cuenta, al menos indirectamente, la existencia de la familia; por esto, la definición de los cometidos y deberes de la «gran» sociedad para con la familia es una cuestión extremamente importante y esencial.

En primer lugar está el vínculo casi orgánico que se instaura entre familia y nación. Naturalmente, no en todos los casos se puede hablar de nación en sentido propio. Pues existen grupos étnicos que, aun no pudiendo considerarse verdaderas naciones, sin embargo realizan en cierto modo la función de «gran» sociedad. Tanto en una como en otra hipótesis, el vínculo de la familia con el grupo étnico o con la nación se basa ante todo en la participación en la cultura. Los padres engendran a los hijos, en cierto sentido, también para la Nación, para que sean miembros suyos y participen de su patrimonio histórico y cultural. Desde el principio, la identidad de la familia se va delineando en cierto modo sobre la base de la identidad de la nación a la que pertenece.

La familia, al participar del patrimonio cultural de la nación, contribuye a la soberanía específica que deriva de la propia cultura y lengua. Hablé de este tema en la Asamblea de la UNESCO en París, en 1980, y a ello me he referido luego varias veces por su innegable importancia. Por medio de la cultura y de la lengua, no sólo la nación, sino toda familia, encuentra su soberanía espiritual. De otro modo sería difícil explicar muchos acontecimientos de la historia de los pueblos, especialmente europeos; acontecimientos antiguos y modernos, alentadores y dolorosos, de victorias y derrotas, que muestran cómo la familia está orgánicamente vinculada a la nación, y la nación a la familia.

Ante el Estado, este vínculo de la familia es en parte semejante y en parte distinto. En efecto, el Estado se distingue de la nación por su estructura menos «familiar», al estar organizado según un sistema político y de forma más «burocrática». No obstante, el sistema estatal tiene también, en cierto modo, su «alma», en la medida en que responde a su naturaleza de «comunidad política» jurídicamente ordenada al bien común. Este «alma» establece una relación estrecha entre la familia y el Estado, precisamente en virtud del principio de subsidiariedad. En efecto, la familia es una realidad social que no dispone de todos los medios necesarios para realizar sus propios fines, incluso en el campo de la instrucción y de la educación. El Estado está llamado entonces a intervenir en virtud del mencionado principio: allí donde la familia es autosuficiente, hay que dejarla actuar autónomamente; una excesiva intervención del Estado resultaría perjudicial, además de irrespetuosa, y constituiría una violación patente de los derechos de la familia; sólo allí donde la familia no es autosuficiente, el Estado tiene la facultad y el deber de intervenir.

Además del ámbito de la educación y de la instrucción a todos los niveles, la ayuda estatal —que de todas formas no debe excluir las iniciativas privadas— se realiza, por ejemplo, en las instituciones que se preocupan de salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, y, de modo particular, con las medidas de previsión en el mundo del trabajo. El desempleo constituye, en nuestra época, una de las amenazas más serias para la vida familiar y preocupa con razón a toda la sociedad. Supone un reto para la política de cada Estado y un objeto de reflexión para la doctrina social de la Iglesia. Por lo cual, es indispensable y urgente poner remedio a ello con soluciones valientes que miren, más allá de las fronteras nacionales, a tantas familias a las cuales la falta de trabajo lleva a una situación de dramática miseria.

Hablando del trabajo con relación a la familia, es oportuno subrayar la importancia y el peso de la actividad laboral de las mujeres dentro del núcleo familiar. Esta actividad debe ser reconocida y valorizada al máximo. La «fatiga» de la mujer —que, después de haber dado a luz un hijo, lo alimenta, lo cuida y se ocupa de su educación, especialmente en los primeros años— es tan grande que no hay que temer la confrontación con ningún trabajo profesional. Esto hay que afirmarlo claramente, como se reivindica cualquier otro derecho relativo al trabajo. La maternidad, con todos los esfuerzos que comporta, debe obtener también un reconocimiento económico igual al menos que el de los demás trabajos afrontados para mantener la familia en una fase tan delicada de su existencia.

Conviene hacer realmente todos los esfuerzos posibles para que la familia sea reconocida como sociedad primordial y, en cierto modo, «soberana». Su «soberanía» es indispensable para el bien de la sociedad. Una nación verdaderamente soberana y espiritualmente fuerte está formada siempre por familias fuertes, conscientes de su vocación y de su misión en la historia. La familia está en el centro de todos estos problemas y cometidos: relegarla a un papel subalterno y secundario, excluyéndola del lugar que le compete en la sociedad, significa causar un grave daño al auténtico crecimiento de todo el cuerpo social. (Carta a las familias del Papa Juan Pablo II).

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